Informe Político y Económico PANORAMA POLÍTICO DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2004 Armando Ribas

En nuestro informe correspondiente al primer semestre del año, habíamos concluido que: “En este mundo de incertidumbre política y jurídica, el análisis económico queda relegado a una segunda instancia.” Al finalizar el año 2004, no hemos cambiado nuestra opinión y los hechos recientes en todos los ámbitos del quehacer político no pueden sino avalar aquella conclusión. Así, finalmente, obtuvo los poderes especiales del Congreso, al tiempo que igualmente con el apoyo del Congreso descabezara a la Corte Suprema, y componiéndola de personajes de autorreconocida militancia en la izquierda, tales como el Dr. Zaffaroni y la Dra. Argibay.    Más allá de la evidente arbitrariedad presidencial y el clima de anarquía y dictadura que se vive en el país, el problema institucional es aún más profundo en función de la Reforma Constitucional de 1994. Si bien en aquella oportunidad se dijo que los derechos y garantías reconocidas en la denominada parte dogmática de la Constitución de 1853-60, en la realidad éstos quedaron prácticamente a merced del poder político. Así, el inciso 19 del artículo 75 de la Constitución reformada establece entre las atribuciones del Congreso:    Art. 75 inc. 19: “Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento. “Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio...”    Surge del artículo anterior que el poder del Congreso es ilimitado, lo que significa que desde la elasticidad de los conceptos quedan abolidas las limitaciones que implican los artículos 14, 17 y 20 de la Constitución. Si el Congreso tiene el poder para promover el desarrollo humano y al económico, los derechos de propiedad quedan a merced de la visión que al respecto defina esa institución.    Con respecto a la propiedad privada, ésta quedaba ya aun más desprotegida en función de los artículos 41 y 42 de la Constitución reformada referente al medioambiente y a los derechos de los consumidores.    Estas arbitrariedades jurídicas que implican de hecho la inseguridad jurídica prevaleciente, se magnifican con la inclusión del artículo 76 de la Constitución reformada, que se refiere a la delegación de facultades al Poder Ejecutivo. Así, reza dicho artículo: Art. 76: “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa.”    Evidentemente, lo previsto por este artículo contradice paladinamente la limitación establecida por el artículo 24 de la Constitución que dice: Art. 29: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional ni las legislaturas provinciales, ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia facultades extraordinarias, ni la suma del poder público ni otorgarle sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que la formulen, consientan o firmen a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria.”    Es evidente que al haberle otorgado al Congreso las facultades que aparecen del inciso 19 del artículo 75 de la Constitución reformada, la restricción que se consigna en el artículo 29 queda diluida en sus efectos legales. Tanto más por cuanto las facultades concedidas por el artículo 76 puede decirse que borran de un plumazo las limitaciones al Ejecutivo dispuestas por dicho artículo 29.    Así hemos visto que el Congreso finalmente le otorgó las facultades extraordinarias al Presidente. Podemos decir, entonces, que la arbitrariedad jurídica reina en la Argentina y los mensajes que transmite el gobierno transmiten un sentido izquierdista y nacionalista que representa el pensamiento setentista. Como se recordará, el Presidente expresó al inicio de su mandato que ellos eran los hijos de las Madres de Plaza de Mayo. Léase los montoneros y los erpianos. La visita de Fidel Castro y la relación con él y con Chávez igualmente representan un eje en el continente de desafío a los Estados Unidos.    En el orden interno, el desmantelamiento de la ESMA, el descabezamiento de la cúpula militar, la anulación por el Congreso de las leyes de obediencia debida y de punto final, las compensaciones a los desaparecidos aparecidos apuntan en el mismo sentido. Al mismo tiempo, la reciente amenaza de levantar el secreto bancario para los morosos, la prohibición de cortar los servicios a los que no los pagan y las limitaciones a las tarifas de los mismos, sería una prueba más de la tendencia a reestatizar las empresas privatizadas. En ese sentido, las relaciones con Chávez y la empresa petrolera venezolana dan la tónica de la tendencia.    Es cierto que no obstante estas evidentes manifestaciones de sociocomunismo, existen elementos en el gobierno que no necesariamente participan de esa tendencia. Así, hemos podido ver la aparente ruptura del Presidente con el Ministro de Economía y la latente disparidad de pensamiento existente con el ex presidente Duhalde, que se manifiesta en los dichos su señora vs. Cristina. O sea, podría decirse que no obstante el clientelismo político que deriva en gran medida de la coparticipación federal, no podría decirse que existe un control político absoluto, por más que hasta la fecha las decisiones del Presidente parecen incuestionables. Al respecto podría decirse que existe un equilibrio político inestable, a la vez que una ausencia absoluta de seguridad jurídica, conjuntamente con una anarquía permanente a través de los piqueteros pro y antikirchneristas y las disputas entre gremios, las tomas de empresas y las usurpaciones de propiedades.    No obstante este panorama político, la economía ha rebotado, lo que no es lo mismo que crecido, pero no se han modificado las causas que generaron la crisis que se iniciara en 1998, y que agudizaran las medidas del default, y la pesificación asimétrica que se adoptaran en el 2002.